El equipo de trabajo de los programas de Asuntos Territoriales, Patrimonio Natural, seguimiento a la Sentencia T530 y Comisión Jurídica de la estructura orgánica de este Cabildo; se instruye y se pone a la vanguardia tecnológica para seguir adelante en la defensa territorial y con herramientas sólidas para afrontar cada reto que surge en este ejercicio del gobierno indígena propio.

Se incursiona en el manejo GIP (sistema de información geográfica); es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Arraigado en la ciencia geográfica, SIG integra diversos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información para su visualización, utilizando mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, SIG revela el conocimiento más profundo escondido en los datos, como patrones, relaciones y situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes.

Concluyo en el día de hoy y luego de varias jornadas que involucró los días festivos anteriores; el ciclo de formación sobre herramientas para la construcción del derecho propio e interlegalidad del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, orientado al personal técnico, cabildo, consejo de gobierno y gobernadores de este territorio.

Se instaló en los asistentes a esta formación virtual y con la anuencia de aliados nacionales internacionales; capacidades que fortalecen las bases conceptuales, jurídicas y procesales propias del Resguardo con miras a una coordinación interlegal con el Estado, en el proceso de reafirmación, saneamiento y ampliación del territorio ancestral.

«Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya» y se tenga este escrito como intervención ciudadana.

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Tercer comunicado
Graves agresiones contra el Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.
Confirmada presencia del ELN en el municipio de Riosucio, Caldas.

En desarrollo
6 de mayo de 2020.

Las autoridades del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, recibimos con enorme preocupación el anuncio hecho por el Fiscal General de la Nación sobre la presencia del ELN en el municipio de Riosucio. Desde hace por lo menos 2 años veníamos denunciando la presencia de actores armados ilegales pero todo fue reducido a la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades públicas y medios de comunicación, quienes afirmaron sin investigación previa, que se trataba de un conflicto intracomunitario. Ante el anuncio, exigimos la implementación inmediata de las medidas exigidas en este comunicado y la garantía plena de los derechos de las comunidades indígenas, que seguimos enfrentando el riesgo de exterminio físico y cultural.

1. Durante el segundo semestre del año 2018 las autoridades de los Resguardos Indígenas de Riosucio (Caldas) denunciamos ante los cuerpos de investigación y autoridades municipales, el tránsito de actores armados ilegales portando armas de fuego y limitando el ejercicio pleno del derecho fundamental al territorio. La respuesta del cuerpo de inteligencia y las autoridades departamentales y municipales durante los Consejos de Seguridad fue la siguiente: “Adelantaremos las investigaciones necesarias, pero también necesitamos pruebas, fotos, alguna pista”.

2. La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana N° 084 de 2018 sobre los Resguardos Indígenas de Riosucio y Supía advirtió que, “el escenario de riesgo actual para la población civil se configura a partir del proceso de reorganización y copamiento territorial por parte de estructuras armadas ilegales hacia la subregión del Alto Occidente caldense (…)”. La Defensoría señaló que sobre el territorio de Cañamomo Lomaprieta, se identifica el tránsito de hombres armados que podrían estar relacionados con Grupos Armados Post-desmovilización de las AUC, en la comunidad de Dos Quebradas a través del corredor de movilidad que conduce hacia Quinchía Risaralda. Adicionalmente, advirtió que, “la presión de minería no regularizada en los resguardos indígenas de Riosucio anteriormente mencionados, viene generando impactos sobre la territorialidad indígena, por el interés que tienen actores armados sobre el control de estas economías En el marco de estas dinámicas extractivas, se observan impactos sobre la autonomía indígena y el ejercicio de los gobiernos propios, que enfrentan autoridades indígenas de los resguardos Cañamomo-Lomaprieta y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña (…)”

3. Finalizando el mes de mayo de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo presentó ante las autoridades municipales la Alerta Temprana N°021 cuyo análisis no se concentra específicamente en Riosucio y Supía, pero sí se refiere a la expansión de estructuras ilegales por la región y municipios vecinos como Samaná en el oriente de Caldas, donde reportó la presencia de estructuras armadas ilegales que ostentan el control de actividades económicas como la minería ilegal.

4. El 28 de junio de 2019 durante reunión sostenida con autoridades municipales de Riosucio y autoridades del Resguardo, en respuesta a la Alerta Temprana N°021 la Gobernación Departamental expresó su preocupación por el riesgo que entraña permitir la explotación ilegal minera en un contexto de fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, máxime cuando ya existe un procedimiento policivo que solo falta implementar en algunas unidades mineras. De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Gobernación del Departamento, la Alcaldía Municipal debía cumplir con las órdenes de cierre de minas ilegales identificadas en cumplimiento de la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional.

5. Los meses de enero y febrero de 2020, las autoridades del Resguardo Cañamomo Lomaprieta solicitamos a la Alcaldía Municipal el cumplimiento de la orden de cierre de las minas ilegales informando que estas actividades constituyen un riesgo para la población civil y en particular para las comunidades indígenas, para la integridad territorial, el ejercicio de la autoridad indígena y la vida de las y los líderes del Resguardo,por cuanto la minería ilegal puede atraer a grupos armados ilegales con intereses económicos y militares en esta región. Hasta la fecha las autoridades se han abstenido de adelantar dichos cierres y por el contrario, los mineros ilegales amplían cada vez más el área de explotación minera, invirtiendo voluminosos recursos de origen desconocido.

6. El 14 de febrero de 2020 al interior del Territorio ancestral, en las comunidades de Portachuelo, la Iberia y el Palal, algunas fachadas de viviendas y centros culturales tenían pinturas alusivas al ELN y panfletos que hacían referencia a un presunto “Frente de Guerra Che Guevara”. En su momento estos hechos fueron denunciados pero a la fecha no existen resultados de las investigaciones y la zozobra se mantiene entre los comuneros.

7. La alcaldía municipal de Riosucio afirmó a través de Radio Nacional de Colombia, que se trataba de delincuentes comunes aprovechando la zozobra generada por el ELN.

8. Por su parte el periódico El Tiempo, RCN radio y Telecafé, concluyeron que se trataba de disputas territoriales entre dos comunidades de la zona. La misma versión fue entregada por el Jhon Jairo Castaño, Secretario de Gobierno de Caldas, quien afirmó que: “Se trataría de una pugna o lucha territorial entre dos etnias, según parece por el límite de sus linderos. El Gobierno de Caldas reitera que no tenemos presencia de ningún grupo al margen de la ley y garantizamos la seguridad y la convencía en el departamento”. Señalamientos de esta naturaleza, durante la década del 2000, antecedieron el ingreso de los paramilitares y masacres como la de la Rueda y La Herradura en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta.

9. Del 6 al 17 de marzo de los corrientes se desencadenó la quema de trapiches comunitarios que afectaron a más de 100 familias dedicadas a la producción artesanal de panela. Sobre los hechos se interpusieron denuncias ante el CTI de Riosucio Caldas, con número de noticia criminal Nro. 1761460-00042-2020-00136 (10 de marzo) y 170016000256202050305 (17 de marzo). En todos los casos fue la guardia indígena la única encargada de adelantar operativos de control en el área del Resguardo y prevenir los ataques contra otros trapiches e infraestructura.

10. El 22 de marzo de 2020 empezó a circular a través de Whatsapp un mensaje, mediante el cual, alguien que dice ser ex combatiente de las FARC amenaza a la comunidad indígena en el marco del covid-19.

11. El 28 de marzo de 2020, un joven comunero del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, recibió a través de WhatsApp una serie de mensajes amenazantes, de alguien que manifiesta ser miembro del ELN. Los mensajes le amenazan de muerte y le exigen abandonar el territorio. Se instauró denuncia ante el CTI de Riosucio Caldas, a la cual se asignó el radicado de notifica criminal Nro. NUNC. 176146000042202000163. En esta oportunidad sí se ofrecieron pruebas. Con la denuncia se remitieron copias de los mensajes amenazantes y los números de teléfonos de los presuntos miembros de dicha estructura. Ningún teléfono fue interceptado oportunamente y seguramente cuando lo hagan será inocuo.

12. Los hechos relatados hacen parte de un ataque sistemático en contra de la comunidad indígena y representan una inminente amenaza contra los derechos al territorio y la autonomía.Los hechos recientes incrementan la zozobra y el temor en un contexto de vulnerabilidad por la posible expansión del Covid-19 a lo largo del territorio.

13. El Resguardo ha insistido a la Fiscalía General de la Nación designar un Fiscal Especializado y un grupo de investigación para actuar de manera oportuna e impedir que en el territorio se consoliden estructuras armadas ilegales. A la fecha no han respondido a nuestras peticiones y en cambio, la situación de seguridad se deteriora aún más.

14. El Primero de Mayo de los corrientes, la revista Semana publicó el informe llamado “Las carpetas Secretas”, según el cual, la inteligencia militar tiene la capacidad para implementar una política de seguimiento informático contra periodistas, políticos, generales, oenegés y sindicalistas. Llama la atención de las autoridades del Resguardo que cuando se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos en contra de sujetos de especial protección constitucional, no existen las mínimas condiciones para adelantar la investigación y sanción de los responsables.

15. El 3 de mayo de los corrientes, en medio del repudio por la Política de Seguridad Nacional dirigida a violar los derechos fundamentales; el periódico La Patria informó el que el Fiscal General de la Nación informó que “el tercer cabecilla del frente, Carlos Alberto Ramírez Machado, alias Wilson o el Pereirano, hace presencia entre Riosucio y Mistrató, extorsionando a mineros y comerciantes. Lo acompañan unos 10 hombres».

16. La afirmación del Fiscal General de la Nación viene a corroborar las denuncias que por lo menos desde el año 2018 se vienen haciendo por parte de las comunidades y la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas.

17. Con fundamento en estos hechos,

Exigimos:

A la Fiscalía General de la Nación designar un grupo especial de investigadores y un Fiscal Especializado para garantizar una investigación oportuna que conduzca a los responsables por las graves violaciones a los Derechos Humanos denunciadas oportunamente.

A la Secretaría de Gobierno Departamental y los medios de comunicación El Tiempo, RCN Radio y Telecafé, corregir de manera inmediata la información, según la cual, las pinturas alusivas al ELN y los panfletos amenazantes, eran producto de un conflicto territorial entre comunidades indígenas.

A la Alcaldía Municipal de Riosucio, adelantar los procedimientos policivos de cierre de las minas ilegales en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-530 de 2016.

A la Alcaldía Municipal de Riosucio, adelantar los procedimientos policivos de cierre de las minas ilegales en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-530 de 2016.

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Como pueblos indígenas, afro y campesinos, queremos expresarle el respaldo al país, a las ciudades y a los sectores populares que experimentan hoy el aislamiento social en medio de profundas desigualdades y el abandono gubernamental. Muchos pueblos y comunidades populares enfrentamos la pandemia sin agua, sin alimento y sin contar con las mínimas garantías para la subsistencia. El agua la secaron las grandes empresas y el pan coger ha sido reemplazado por monocultivos para alimentar automóviles y animales; pinos y palma en vez de alimentos.

Aun así, esta experiencia podría ser más desoladora para la gran mayoría de habitantes del país urbano y perímetro urbano. No lo ha sido gracias la centenaria resistencia de los invisibilizados del mundo rural que con la vida defendemos tierras y territorios para que no se conviertan en una gran reserva privada para la minería, los hidrocarburos, las grandes represas, la caña de azúcar y otros monocultivos. Es de ese mundo rural que aún existe, de los ríos, valles, selvas, serranías, sierras y montañas de donde han salido siempre el agua y los alimentos de las y los colombianos.

Por esta defensa del territorio, en 3 décadas, más de 1´200.000 negros e indígenas hemos sufrido los vejámenes del conflicto armado y de algo que la Corte Constitucional llamó factores vinculados y subyacentes. Entiéndase por ello la guerra que sirvió para que proyectos económicos legales e ilegales se impusieran en medio de las masacres, el desplazamiento, el abuso sexual y el hambre de nuestros pueblos.

Es un espectáculo paradójico que quienes protegemos y defendemos la vida permanezcamos en riesgo de desaparición física y cultural por la pandemia de la injusticia y la desigualdad. Traigamos a la memoria colectiva hechos atroces como la muerte por desnutrición de más de 4770 menores indígenas en La Guajira, entre el 2010 y el 2018; mientras los dueños del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo que se apropia de más de 68 mil hectáreas de territorio indígena wayuu, se lamentaban porque en el año 2017 “solamente” ganaron 6 billones de pesos.

A los pueblos que no han logrado diezmar con la violencia arrasadora y el hambre y que quizá sobrevivamos al COVID-19, nos han querido exterminar estadísticamente. En el caso del Resguardo Indígena Escopetera y Pirza de Riosucio, Caldas, el DANE redujo arbitrariamente la población en un 76.42%, pasando de 9.164 a 2.157 indígenas censados. Una estrategia desplegada en todo el país que afectó por lo menos a 521 resguardos y a las comunidades negras que también han sido víctimas del genocidio estadístico por parte del Estado a través del censo del año 2018.

Tenemos la esperanza de superar las barreras culturales, económicas y políticas, para hablar y pensar en un futuro colectivo, donde las reglas del capital no se impongan sobre la vida y la naturaleza. Sin embargo, mientras el país mira con angustia que el futuro puede desmoronarse con la pandemia, en nuestro presente, los pueblos afro, indígenas y campesinos debemos huir de los paramilitares, las disidencias de las FARC, el ELN y el ejército nacional, quienes al unísono han convertido el Coronavirus en arma de guerra.

Durante la cuarentena, mientras los 4 resguardos de Riosucio Caldas organizábamos la logística para el despliegue de más de 300 guardias indígenas encargadxs de implementar las medidas de protección territorial en el marco del coronavirus, actores ilegales atacaron la economía de los habitantes del resguardo Cañamomo Lomaprieta que con tanto esfuerzo hemos construido, quemando los trapiches paneleros comunitarios dejando sin alimento a más de 100 familias del territorio y casi simultáneamente, presuntas disidencias de las FARC y miembros del ELN, desplegaron estrategias intimidatorias y lanzaron amenazas contra la población para infundir terror y demostrar su presencia territorial.

En medio de la cuarentena indígenas, afro y campesinos, siguen cayendo asesinados; en Bojayá el pueblo Embera sigue entre las balas, en el Putumayo paramilitares y disidencias asesinan a quien desobedece el toque de queda; en Nariño y Cauca los actores armados intimidan y expanden su poder armado y así en las demás regiones el abuso de poder se instala.
En este contexto el estado colombiano sigue mirando impávido el homicidio de líderes sociales, el desplazamiento forzado y el despojo sin prevenir ni aplicar justicia.

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta se ha llamado con urgencia frente a los riesgos y amenazas que hoy enfrenta el Corazón del mundo como ecosistema ambiental y cultural complejo, frente al despliegue de la minería, los hidrocarburos y en general del modelo de desarrollo económico extractivo. Sin embargo, la respuesta de los gremios empresariales de la región es demandar la nulidad del Decreto 1500/18 de Línea Negra que busca la protección del territorio ancestral y los espacios sagrados, así como garantizar la integralidad del bienestar de la Sierra y otros ecosistemas del mundo conectados a ella. Hoy en medio del COVID-19, la sequía y los diferentes incendios forestales que afectan la región, nos han llevado a recurrir a la solidaridad y ayudas humanitarias para poder llevar la cuarentena dado la ausencia y falta de respuesta de la institucionalidad ante esta emergencia.

Como si no fueran suficientes tantas amenazas a la vez, el proceder infame de actores económicos también pretende convertir la pandemia en una oportunidad para el despojo y han pedido al gobierno que siga flexibilizando las licencias ambientales y limitando el derecho fundamental a la consulta previa. La generosa respuesta del Ministerio del Interior ya estaba preparada desde el 27 de marzo de 2020 a través de la circular externa 2020-29-DMI-1000 abiertamente inconstitucional, ominosa y vergonzante, que pretende imponer a los sujetos étnicos la consulta previa virtual, en contravía del Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Jurisprudencia del SIDH y la Corte Constitucional.

Es risible e indignante que hoy aspiren imponer una consulta virtual, cuando desde los pueblos del Cauca reiteradamente hemos solicitado al gobierno nacional garantizar acceso a internet y obtenemos como respuesta que “no existe cobertura en la zona por condiciones geográficas y topográficas”. Si el “Estado de Derecho” mantiene la vigencia de este adefesio administrativo, haremos valer nuestros protocolos propios de consulta previa. El resguardo de origen Colonial Cañamomo Lomaprieta seguirá rigiéndose en materia de consulta previa por su resolución 048 de 2012 de gobierno propio, expresión de nuestra autonomía y autodeterminación y respaldada por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de derechos de los Pueblos Indígenas, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el SIDH. Así lo haremos los pueblos que legislamos para la vida.

Los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta llevamos muchos años trabajando en nuestro protocolo de Consulta Previa y el gobierno lo conoce, lo ha acompañado. De allí que es inaudito e ilógico pensar en consultas virtuales u otros inventos diferentes a los adoptados por nuestros pueblos.

No han terminado de caer quienes morirán por el virus y el hambre, cuando los buitres descienden para despojar a los pueblos de su última morada, la tierra y el territorio. Si la urgencia es que todo continúe su curso como si no tuviésemos la pandemia y la guerra acechándonos, lo primero que debe reactivarse es la asignación de los recursos necesarios para la constitución, ampliación y saneamiento de nuestros territorios, para la titulación colectiva a comunidades negras y la dotación de tierras a comunidades campesinas.

Deben suspenderse los procesos de licenciamiento ambiental en los territorios donde el COVID–19, que así como el conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes han puesto en situación de vulnerabilidad a los grupos étnicos y las comunidades campesinas.

Solicitamos

– Al Ministerio del Interior, copia de las actas de consulta y consentimiento suscrita con la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos indígenas y el Espacio Nacional de Consulta Previa de las comunidades negras, frente a la propuesta del Gobierno de adelantar las CP virtualmente.

– Al Ministerio del Interior, copia de la norma que lo faculta para regular el derecho fundamental a la consulta previa a través de la circular externa CIR 2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo de 2020.

– Al Ministerio del interior que, dadas las características de la pandemia y su prolongación hasta que se obtenga una vacuna, se exija a todo tipo de proyecto el consentimiento previo libre e informado, toda vez que la vulnerabilidad de las comunidades étnicas en riesgo de desaparición física y cultural se ha profundizado con ocasión del Coronavirus.

– A la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, suspender las licencias ambientales en aquellos territorios donde el desabastecimiento alimentario, la contaminación atmosférica y la falta de acceso al agua potable, ponga en riesgo la vida e integridad de comunidades indígenas, negras y campesinas.

– A la Presidencia de la República, en cumplimiento de estándares internacionales que le obligan a la protección especial de poblaciones indígenas, afro y campesinas y la Constitución de Colombia que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de su población, informar acerca de las medidas especiales adoptadas para su protección indicando en detalle los recursos asignados para atender la salud, seguridad alimentaria y otros derechos inherentes a sus culturas. Indicar la población beneficiaria y origen de los recursos, así como las medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades que no tienen acceso a dicho recurso informando acerca de los recursos invertidos, los operadores logísticos contratados y los mecanismos empleados para garantizar su adecuada utilización.

Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomaprieta.
Resguardo Indígena Escopetera Pirza.
Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña
Resguardo Indígena de San Lorenzo.
PCN-Palenke Alto Cauca.
Resguardo Indígena de Guachavés – Nariño (comunidad Pasto).
Resguardo Indígena Paez de Corinto.
Comunidad wayuu La Gran Parada
Fuerza de Mujeres – Wayuu Sütsuin Jieyuu Wayúu.
Veeduria Ciudadana minero-ambiental Akuaippay.
Resguardo Kogui Malayo Arhuaco- Sector Wiea
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkunarrua
Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Organización Indígena Kankuama – OIK
Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC.

Dirección electrónica para notificaciones:
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] [email protected]

Documento original, clic aquí….

Nos solidarizamos con ellas, sus autoridades y procesos organizativos ante los hechos de violencia que vienen sucediendo en su territorio ancestral; afectando la vida, el bienestar, la seguridad y soberanía alimentaria de sus habitantes, lo cual se agudiza en este último mes con la incineración de varios trapiches comunitarios de la Asociación de Paneleros Indígenas de Cañamomo y Lomaprieta – AIPAN.

Contexto

El pueblo Emberá Chamí que habita ancestralmente en territorio caldense, está asentado en los municipios de Riosucio y Supia, departamento de Caldas, donde se han creado legalmente cuatro Resguardos Indígenas: Cañamomo – Lomaprieta; Resguardo Indígena Nuestra Señora de La Montaña; Resguardo Indígena San Lorenzo; y Resguardo Indígena Escopetera y Pirza. Además, en el departamento existen otro dos resguardos indígenas legalmente constituidos, 6 parcialidades y 6 asentamientos.
El Resguardo Indígena Emberá Chamí Cañamomo – Lomaprieta tiene una extensión de 4.837 hectáreas donde habitan 32 comunidades, 20 de ellas en el municipio de Riosucio y 12 en el municipio de Supía. El Resguardo se creó el 10 de marzo de 1540 mediante Cédula Real y sus linderos fueron ratificados por el IGAC en el año 1994. La existencia, vigencia y legalidad del Resguardo Indígena Colonial Cañamomo – Lomaprieta, fue reconocida por la Corte Constitucional mediante sentencia T-530 de 2016 y por la Agencia Nacional de Tierras mediante la resolución 4366 del 6 de agosto de 2018.

La ardua lucha de estas comunidades por conservar, permanecer y proteger sus territorios ancestrales, está siendo amenazada por intereses económicos extractivistas y agroindustriales que buscan despojarles del territorio colectivo. Los abusos de poder sufridos por el resguardo son desplegados por sectores políticos y de terratenientes que han hecho uso de la fuerza física, jurídica y mediática1 anti-indígena que quiere mostrar en los resguardos indígenas una barrera para el “progreso social”.
La economía del pueblo Emberá en el Resguardo Cañamomo – Lomaprieta está basada prioritariamente en los cultivos de café y caña panelera. Se calcula que en el resguardo existen 362 trapiches entre comunitarios y familiares. Las familias cultivan en promedio entre 0,5 y 2 has de caña panelera, para un total de 1.600 hectáreas en todo el Resguardo, siendo esta producción un componente muy importante de la soberanía alimentaria por el aporte en los ingresos y el autoconsumo.

Esta economía ha sido apoyada por el Cabildo, mediante el fortalecimiento de condiciones de infraestructura y asociatividad para enfrentar las cada vez más complejas regulaciones exigidas a la producción panelera proveniente de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Las autoridades indígenas del Resguardo Emberá Chamí de Cañamomo – Lomaprieta y sus organizaciones comunitarias han liderado desde hace varios años propuestas productivas agroecológicas y declararon en 2018 el Resguardo como Territorio Libre de Transgénicos. Tras lo cual se han convertido en una comunidad líder en la defensa de la biodiversidad y la recuperación de las semillas nativas y criollas en Colombia.

Estas comunidades han tenido que soportar históricamente diversos conflictos de violencia por la tierra, Conflictos que se profundizan por amenazas y ataques de diferentes actores armados sobre la destrucción de infraestructuras que permiten la reproducción económica y social de las comunidades en sus territorios.

Hechos
Las autoridades indígenas vienen denunciando desde el año 2018 el incremento de la situación de riesgo de las comunidades, su proceso organizativo y la integridad territorial. De ello dan cuenta alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo en 2018 y 20192, así como las denuncias presentadas por la comunidad ante los entes de investigación correspondientes.
El 7 de febrero de 2020, la comunidad denunció ante las autoridades locales (Alcaldía de Riosucio), departamentales (Secretaría de Gobierno del departamento de Caldas) y nacionales (Fiscalía General de la Nación, CTI, Policía y Ejército Nacional), reunidos en Consejo de Seguridad, la sistematicidad de las agresiones; a pesar de ello los hechos se repiten y mantienen en la impunidad.

Los primeros días de marzo del presente año, personas desconocidas atacaron incendiando cuatro (4) trapiches comunitarios en las comunidades de Portachuelo y Cameguadua, afectando la economía de más de 70 familias pertenecientes a la Asociación de Paneleros AIPAN3.

Tomando como base los Derechos Humanos en su conjunto, fundamentalmente los relacionados con la protección a los pueblos indígenas, los convenios de la OIT y las normas concordantes en lo nacional amparadas por la Constitución Política de Colombia, las organizaciones firmantes demandamos del Gobierno Nacional acciones contundentes de protección a los pueblos originarios y ancestrales del Resguardo Indígena Emberá Chamí Cañamomo – Lomaprieta.

Basados en el reconocimiento y reparación de los daños infringidos contra la vida, honra y bienes de las comunidades afectadas, exigimos se adelanten las investigaciones, juzgamiento y sanción de los autores de estos hechos y la adopción concertada de medidas colectivas e individuales de protección a estas comunidades, su territorio e infraestructuras.

VER DOCUMENTO ORIGINAL 

De acuerdo al brote de la enfermedad respiratoria por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que se
ha generalizado casi a nivel mundial declarado pandemia por la OMS, donde la transmisión
comunitaria sostenida se ha generalizado, es crucial mantener la capacidad de respuesta
de los servicios de salud para la continuidad de la actividad asistencial ante el aumento de
nuevos casos en nuestro país y departamento. Por ello, es conveniente que la comunidad
sigas las normas preventivas para reducir el riesgo de transmisión a nivel de nuestro
municipio y al interior de las comunidades.

El resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta y la IPS Cañamomp y Lomaprieta
S.A.S, hace uso de sus costumbres y atribuciones legales en especial las concebidas en
el artículo 246 de la constitución política de Colombia, ley 89 de 1890, derecho mayor, ley
de origen, articulo 21 y 24 de la declaración de las naciones unidas, circular externa N. 015
del 2020 emitida por el ministerio de salud y protección social- ministerio del interior, para
la prevención, contención y mitigación del COVID-19, declaraciones de la OMS sobre la
pandemia, resolución. 385 del 12 de marzo de! 2020 MINSALUD, Boletín de prensa del 15
de marzo de 2020 Departamento de Caldas, Decreto Municipal N. 053 del 13 de marzo
2020 y Decreto Municipal N. 055 16 de marzo 2020 municipio de Riosucio y Decreto N. 47
del 17 de marzo del 2020 municipio de Supia Caldas.

Desde de la organización cabildo Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta y en
coordinación de la IPS CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA SAS, atendiendo las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el ministerio de salud y
protección social, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Dirección Local de Salud
del municipio de Riosucio. Se adoptan las siguientes medidas dirigidas a la prevención de
la infección por el COVID-19:

Prohibir la entrada de personas extranjeras y/o nacionales que no pertenezcan a la
comunidad.
Cierre territorial para el desplazamiento de los comuneros a otros municipios y
departamentos.
Suspensión de asambleas, reuniones o espacio comunitarios con una concentración
mayor a 10 personas.
– Acatar las medidas de cuarentena a los casos confirmados y de aislamiento
preventivo
Fomentar campañas de radios, redes sociales y altoparlantes para instruir a la
comunidad en materia de prevención y contención del COVID-19.
Exhortar al sector productivo en estrategias de trabajo remoto para limitar las
posibilidades de propagación del COVID-19.
Suspender las clases en las instituciones educativas al interior del territorio.
Realizar rituales de armonización solo entre tos médicos tradicionales en sitios
sagrados.
Se suspende la atención por medicina tradicional en las sedes de Riosucio y Supia.
Suspensión de actividades deportivas y eventos lúdicos y/o recreación al interior de
las comunidades.
Suspender las ventas de vendedores ambulantes donde se realice procesamiento
de alimentos.
Invitar a los comuneros a permanecer en sus hogares como medida de prevención
del contagio.
Evitar la suspensión del servicio de agua por parte de los acueductos comunitarios.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Limite el contacto físico a su círculo familiar más cercano
Lavarse las manos con frecuencia y durante no menos de cuarenta segundos. Si
no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al
menos un 60 % de alcohol.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quedarse en casa si está enfermo.
Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar; preferiblemente con pañuelo
desechable y luego botarlo a la basura.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Evitar que cerca de los trapiches o lugares de procesamiento de alimentos haya
personas con síntomas de fiebre o afecciones respiratorias.
En caso de presentar: Fiebre de 38,5 °C, tos seca, dificultad respiratoria, llamar al
siguiente teléfono 3218519972- 3229081039.
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y se adoptan las
medidas emitidas.

Dado en Riosucio a los 17 días del mes de marzo de 2020 y rige para las 32
comunidades del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Mario de Jesús Tréjos Ramírez
Gobernador Suplente
Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta

DESCARGUE EL DOCUMENTO ORIGINAL 

Las Autoridades Indígenas ancestrales del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, rechazamos y condenamos ante la opinión pública los hechos que se presentaron el día de hoy 14 de febrero de 2020 al interior del Territorio ancestral, con los cuales se quiere generar temor y zozobra entre la comunidad.

En horas de la mañana comuneros del resguardo encontraron que algunas fachadas de viviendas y centros culturales tenían pinturas alusivas al ELN y panfletos de un presunto “Frente de Guerra Chec Guevara”.

Condenamos el accionar de los grupos armados de cualquier naturaleza que pretendan instalar el terror en las comunidades, desconocer la autonomía y el ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas y desplegar actos que atenten contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

No queremos que el escenario de confrontación armada que viven los pueblos indígenas, afro y campesinos a nivel nacional y que hasta hace pocos años se instaló en nuestro territorio, retorne con la mirada complaciente del gobierno nacional cuyas autoridades municipales, departamentales y nacionales conocen las denuncias recientes sobre masacres como las del Resguardo Indígena de San Lorenzo ocurrida el 24 de noviembre de 2018, las amenazas contra autoridades indígenas de la zona, los recientes homicidios de la parcialidad indígena de Cauromá y las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que anuncian el posible rearme de estructuras armadas ilegales en municipios vecinos a Riosucio.

Exigimos garantías de no repetición, medidas de investigación, seguridad, protección y prevención de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Rechazamos la presencia de grupos armados en nuestro territorio que atentan y ponen en riesgo nuestra pervivencia física y cultural y desarmonizan las comunidades y el Territorio Ancestral.

Exigimos al gobierno nacional que implemente de manera inmediata las medidas de protección colectiva para los resguardos indígenas de Riosucio Caldas ordenadas el año 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los Planes de Salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009 y las órdenes de la sentencia T-530 de 2016.

Hacemos un llamado a detener inmediatamente el paro armado, exigimos el cese inmediato y bilateral al fuego, retomar de inmediato el camino de los diálogos, detener los homicidios de líderes sociales, la implementación integral del acuerdo de paz y garantizar la convivencia la paz en el territorio nacional y en el territorio del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar las acciones necesarias para que se investigué, esclarezca y sancione a los responsables de estos hechos, y con esto, poder brindar un parte de tranquilidad a la comunidad Indígena que se encuentra consternada con lo sucedido.

Consulte el comunicado original..

Con la guía espiritual de los médicos tradicionales, las autoridades indígenas y el equipo de trabajo del cabildo resguardo colonial Cañamomo Lomaprieta compartieron una ceremonia muy especial de limpieza y protección que potencie este ejercicio de gobierno propio en la presente vigencia.

Espiritualmente, se abre el camino para que la jornada posesión comunitaria del próximo lunes se realice cabalmente, en armonía y sin ningún contratiempo; en el rito ancestral se pide a Dios Universal, la madre naturaleza y sus elementales, bendición y protección para el territorio y la población.

Todos serán bienvenidos este lunes a La Iberia.