POR EL HOMICIDIO DEL COMUNERO INDIGENA IVAN MARINO RUIZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO, DEL RESGUARDO INDIGENA DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA RIOSUCIO Y SUPÍA CALDAS COLOMBIA
El Resguardo Colonial Cañamomo Lomaprieta, ubicado entre los municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas Colombia, en ejercicio de la autonomía y autoridad territorial, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos y ante las autoridades e instituciones competentes, que rechazamos y condenamos de manera enérgica el homicidio de nuestro comunero indígena IVAN MARINO RUIZ HERNANDEZ, cometido el día 26 de abril de 2026 por hombres desconocidos que llegaron hasta su vivienda. Este lamentable hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario.
LOS HECHOS
El día 26 de abril de 2026, siendo aproximadamente las 2:00 pm dos sujetos desconocidos llegaron a la vivienda del comunero IVAN MARINO RUIZ HERNANDEZ ubicada a 200 mts del Río Supía, sector el puente en la Comunidad de San Pablo, del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, en donde se encontraba solo.
Dichos desconocidos dispararon contra el comunero, impactando con disparos su cuerpo lo que minutos después le causó la muerte. El comunero indígena fallecido en tan lamentables hechos se dedicaba a labores mineras en el vecino municipio de Marmato, Caldas, labor de la que derivaba el sustento suyo y el de su familia
SITUACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES INTERNACIONALES
Recordamos que el pueblo Embera cuenta con medidas cautelares otorgadas desde el año 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en razón del grave riesgo estructural que enfrentan nuestras comunidades, líderes y autoridades tradicionales. El homicidio de nuestro comunero Indígena ocurre en el marco de la vigencia de estas medidas internacionales, lo que evidencia la persistencia del riesgo que dio origen a su otorgamiento y pone en cuestión el cumplimiento efectivo por parte del Estado colombiano de sus obligaciones de prevención y protección.
Este crimen no puede ser entendido como un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de amenazas y riesgos históricos, por lo tanto, manifestamos la preocupación que nos asiste como autoridades indígenas por los hechos delictivos que se suman a los múltiples riesgos que como territorio, comunidades y líderes hemos enfrentado en nuestra lucha histórica por la exigencia y defensa de nuestros derechos. En el pasado, la estigmatización y los discursos de odio han justificado graves violaciones a los derechos humanos colectivos del pueblo Embera Chamí, al punto de generar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el otorgamiento de medidas cautelares, así como de la Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009. Este último alertó sobre el riesgo de desaparición física y cultural del pueblo Embera Chamí de Caldas como consecuencia del conflicto armado y los procesos socioeconómicos en nuestros territorios.
El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta con jurisdicción territorial en los municipios de Riosucio y Supía Caldas, no es una sociedad en abstracto sino una comunidad con fuertes procesos colectivos, con autoridades indígenas y normas de derecho propio, con acciones políticas, económicas y dinámicas propias, que se encuentran en vulnerabilidad ante la falta de compromiso y apoyo institucional, sin garantías de una verdadera sanación colectiva en donde el Gobierno Nacional, por mandato constitucional tiene la obligación de garantizar estos derechos fundamentales y coordinar con las comunidades indígenas todas aquellas acciones tendientes al reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, a velar por nuestra supervivencia física, cultural; la protección y salvaguarda de derechos adquiridos plasmados en el bloque de constitucionalidad.
En este sentido La falta de seguridad efectiva ha sido una preocupación constante; con estos hechos se da un resurgimiento de temores, ansiedad y zozobra y partiendo del Estado de cosas inconstitucional nuestra comunidad sigue siendo vulnerable desde tiempos aciagos de la conquista y la colonia y continúa sin tregua entre la diáspora urbana, el largo conflicto armado interno, entre los desplazamientos forzados, la pérdida de territorios y la falta de garantías para nuestros derechos a la autonomía, autodeterminación y el autogobierno. En la espiral de violencia sobre nuestros territorios podemos permitirnos hablar de un exterminio deliberado como estrategia de apropiación de nuestros recursos naturales, de crímenes y abusos de todo género ejercidos permanentemente durante siglos.
Más allá de la precaria acción gubernamental, no desconocemos los avances importantes, pero somos conscientes de crímenes que se mantienen aún en total impunidad como los acontecidos dentro de nuestro territorio con la quema sistemática de trapiches comunitarios, la muerte de nuestros lideres siendo el más reciente el del Cabildante José Albino Cañas Ramirez y las masacres como la de la rueda donde quitaron la vida a varios de nuestros líderes indígenas. Es indiscutible que la impunidad frente a los crímenes que dejan miles de víctimas entre los pueblos indígenas sigue siendo una constante, y es una de las causas de nuestro riesgo de extinción y lo peor la justicia no reacciona ante la magnitud de estos crímenes.
Los recientes acontecimientos son de especial relevancia y gravedad, ya que representan una ruptura en el tejido social y comunitario que hemos venido trabajando y fortaleciendo en nuestro territorio. Las violaciones a los derechos humanos persisten y los riesgos se incrementan con ocasión de los procesos de defensa de derechos sociales, políticos y territoriales que impulsamos desde el Resguardo.
Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes, tanto a nivel local como nacional, a tomar medidas inmediatas para investigar a fondo estos casos y garantizar la protección y seguridad de nuestra comunidad.
DENUNCIA Y EXIGENCIAS
A la Fiscalía General de la Nación: Exigimos una investigación célere y efectiva que conduzca a la identificación, captura, judicialización y condena de los autores de este crimen que enluta a nuestro pueblo y deja daños irreparables en la comunidad y en la familia.
Al Ministerio del Interior: Exigimos que de forma inmediata y con la mayor celeridad, se formule y desarrolle un plan con enfoque diferencial étnico, de promoción, prevención y protección de los derechos humanos de la comunidad y sus autoridades. Acompañamiento a la comunidad con la puesta en marcha de un plan con enfoque diferencial étnico, de fortalecimiento del programa de Derechos Humanos, promoción de los derechos y el fortalecimiento de la guardia indígena como mecanismos de protección colectiva.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Solicitamos la verificación urgente del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas desde 2002 al pueblo Embera, la evaluación del nivel actual de riesgo del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y la adopción de acciones adicionales que garanticen la protección colectiva efectiva de nuestras autoridades y comunidades.
A la Defensoría del Pueblo y Organismos de DD.HH: Activación de Alerta Temprana para el Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta y los Municipios de Riosucio y Supía Caldas, por Riesgos y amenazas inminentes que afectan la vida, la integridad y seguridad de la comunidad indígena del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y de los habitantes de los municipios de Riosucio y Supía, Caldas.
Solicitamos el acompañamiento permanente en el territorio para verificar la situación de vulneración de derechos fundamentales que padece nuestra comunidad.
A la Procuraduría General de la Nación: Solicitamos su acompañamiento durante a la investigación penal y ante la Fiscalía General de la Nación para garantizar el debido proceso y la celeridad en el esclarecimiento del homicidio de IVAN MARINO RUIZ HERNANDEZ y el acceso de la comunidad a la verdad, la justicia y la reparación.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Solicitamos que, en el marco de su mandato de observación, realice el seguimiento y verificación de este crimen, brinde asistencia técnica a las autoridades colombianas para el fortalecimiento de nuestra seguridad colectiva y realice un pronunciamiento público que visibilice la grave vulneración de los derechos que padece el Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta. Acompañamiento a la comunidad con un plan de fortalecimiento del programa de Derechos Humanos y promoción de los derechos humanos.
Ejército Nacional: la presencia inmediata para asegurar la zona, patrullajes de protección para la comunidad, e investigación de los autores y solicitar la identificación de amenazas o la presencia de actores armados en la zona que pongan en riesgo vida de los integrantes de la comunidad.
A la Policía Nacional (SIJIN): el inicio de los actos urgentes de (inspección técnica recolección de evidencia en el sitio, entrevistas) para asegurar la investigación. Activar medidas de protección especial para la comunidad y los testigos del homicidio y la articulación con la justicia indígena.
Gobernación de Caldas y Alcaldías (Riosucio y Supía) Que activen los consejos de seguridad y desplieguen los actos de coordinación con otros organismos para garantizar la seguridad colectiva y el respeto por nuestros derechos.
CONSIDERACIONES FINALES:
Este fenómeno no es solo una crisis de seguridad, sino una ruptura del orden moral y humano.
Todas las organizaciones sociales y de derechos humanos están invitadas a rodear, acompañar y difundir la situación descrita. Asimismo, se insta a unir esfuerzos para lograr el reconocimiento de esta región como de interés en materia de programas de paz.
Somos comunidades pacíficas que creemos en el buen vivir y la paz territorial, pero necesitamos garantías para seguir ejerciendo nuestro gobierno propio.
AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Documento original en http://resguardolomaprieta.org/…/COMUNICADO-ABRIL-26-DE…