En el espacio de Casa Grande, se llevó a cabo la socialización del Convenio No. 117-2026, un proceso estratégico que convoca a la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas – ACICAL, el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
La jornada contó con la participación de autoridades tradicionales de los cabildos indígenas del departamento, así como de los referentes de programas y áreas ambientales de cada territorio, consolidando un escenario de diálogo, claridad y construcción colectiva. Durante el encuentro, se realizó la presentación oficial del equipo humano que acompañará este proceso con el pueblo Embera de Caldas, así como la exposición de sus alcances, metas, estrategias y componentes fundamentales.
Este convenio parte de una realidad concreta: los pueblos indígenas del CRIDEC han avanzado de manera significativa en el reconocimiento de sus derechos territoriales y ambientales, fruto de décadas de organización, mandatos comunitarios y una lucha constante por la defensa del territorio. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a ser Autoridad Ambiental Indígena plantea un desafío mayor: contar con las condiciones reales para ejercer dicha autoridad.
“La brecha entre el derecho formal y la capacidad efectiva es el punto de partida de este proceso. Sin herramientas de monitoreo, sin conocimiento detallado del territorio, sin lineamientos propios de gobernanza y sin procesos de formación consolidados, la autoridad se debilita, dejando expuestos los territorios a amenazas como la presión minera, la deforestación, la intervención sin consentimiento y la pérdida progresiva de fuentes hídricas y biodiversidad”.
En este contexto, el Decreto 1275 de 2024 representa un avance significativo al reconocer a las autoridades indígenas como actores con funciones ambientales en sus territorios. No obstante, este reconocimiento exige preparación, fortalecimiento y construcción de capacidades. Es precisamente allí donde este convenio cobra sentido: preparar a los 16 territorios del CRIDEC para asumir este reto de manera sólida y autónoma.
El Fondo para la Vida y la Biodiversidad, a través de FIDUCOLDEX, financia este proceso en el marco de su mandato de promover la gestión ambiental con enfoque de equidad territorial, en coherencia con los acuerdos de la Minga 2019. Por su parte, ACICAL y CRIDEC garantizan que este proceso se desarrolle con legitimidad organizativa, asegurando que los recursos y acciones respondan a las realidades y necesidades de las comunidades.
Con una duración proyectada de 14 meses, el convenio busca sentar bases firmes, construir capacidades verificables y dejar procesos sostenibles en el tiempo.
La apuesta: construir una Autoridad Ambiental Indígena real
Este proceso reconoce que una Autoridad Ambiental Indígena no se decreta, se construye. No nace de un documento, sino del trabajo colectivo, la formación continua, la apropiación territorial y la voluntad de las comunidades.
“Ser Autoridad Ambiental Indígena implica asumir retos complejos: articularse con instituciones externas, tomar decisiones sobre ecosistemas estratégicos y sostener procesos de control y cuidado frente a múltiples presiones. Por ello, la formación, la documentación rigurosa y la construcción de herramientas propias se convierten en el núcleo del proceso”.
Entre las acciones contempladas se destacan el desarrollo de talleres y espacios de formación comunitaria, mesas temáticas, procesos de educación ambiental y gobernanza indígena, monitoreos territoriales, georreferenciación de áreas de interés ambiental, establecimiento de corredores biológicos, implementación de sistemas agroforestales, viveros comunitarios, formación en meliponicultura, así como la puesta en marcha de biofábricas comunitarias, entre otras iniciativas.
El horizonte es claro: que cada territorio fortalezca su capacidad de ejercer autoridad, proteger sus bienes naturales y sostener procesos propios que garanticen la vida, el equilibrio y la pervivencia.