Las autoridades del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, en el Departamento de Caldas, nos dirigimos a las autoridades civiles, entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como a la comunidad y población en general:
Manifestamos la preocupación que nos asiste como autoridades indígenas por los hechos lamentables que se han presentado en nuestro territorio con el asesinato de nuestro comunero. El hecho se presentó en la comunidad de EL BRASIL de acuerdo con información recibida de la comunidad quienes observaron un cuerpo al pie de la carretera con impactos de bala. Al comunero indígena de nombre HECTOR JAIME LEON REYES perteneciente y residente de la comunidad de PORTACHUELO, le cegaron su vida en un hecho delictivo presentado el día de hoy 21 abril, del presenta año aproximadamente a las 5:00am. Nos pronunciamos con profunda tristeza frente al hecho acaecido el en territorio de nuestro Resguardo en la comunidad El Brasil sector alto.
Estos hechos delictivos se suman a los múltiples riesgos que como territorio, comunidades y líderes hemos enfrentado en nuestra lucha histórica por la exigencia y defensa de nuestros derechos. En el pasado, la estigmatización y los discursos de odio han justificado graves violaciones a los derechos humanos colectivos del pueblo Emberá Chamí, al punto de generar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el otorgamiento de medidas cautelares, así como de la Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009. Este último alertó sobre el riesgo de desaparición física y cultural del pueblo Emberá Chamí de Caldas como consecuencia del conflicto armado y los procesos socioeconómicos en nuestros territorios.
El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta con jurisdicción territorial en los municipios de Riosucio y Supía Caldas, la parcialidad indígena no es una sociedad en abstracto sino una comunidad con fuertes procesos colectivos, con autoridades indígenas y normas de derecho propio, con acciones políticas, económicas y dinámicas propias, que se encuentran en vulnerabilidad ante la falta de compromiso de los medios de comunicación como EL DIARIO LA PATRIA (Manizales), quien realizo afirmaciones que señalan y estigmatizan a las autoridades tradicionales, y que se constituyen en una campaña de desprestigio.
La información difundida deja de lado la responsabilidad social que le asiste al medio de comunicación y deslegitima nuestros procesos organizativos; la publicación sin duda alguna se constituye en un insulto a la memoria histórica de nuestro pueblo indígena por tanto, consideramos que la información contiene un sesgo ideológico, xenofóbico cuyo único interés es el de hacer un mal uso de la libertad de expresión con difusión de información irresponsable que pone en riesgo la vida, la integridad física y mancilla el buen nombre de los lideres y lideresas indígenas.
Por razones como esta no se han podido diezmar las violencias, el señalamiento y la persecución, pues estos medios de comunicación difaman y justifican el exterminio la discriminación y el racismo en nuestra contra. Responsabilizamos así mismo al medio de comunicación LA PATRIA por cualquier acto de violencia o vulneración en contra de los integrantes de nuestra comunidad y autoridades tradicionales por las afirmaciones hechas y dirigidas a crear un ambiente hostil en el territorio.
Exhortamos igualmente a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a la población en general para analizar el papel de los medios masivos de comunicación en la construcción de un estado social de derecho y su rol en la construcción de paz con justicia social, en justa proporción, democratización de estos medios y su aporte para la consecución de un país justo tolerante y equitativo.
Hacemos un llamado a la institucionalidad para que ofrezcan garantías de una verdadera sanación colectiva en donde el Gobierno Nacional, por mandato constitucional tiene la obligación de garantizar estos derechos fundamentales y coordinar con las comunidades indígenas todas aquellas acciones tendientes al reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, a velar por nuestra supervivencia física, cultural; la protección y salvaguarda de derechos adquiridos plasmados en el bloque de constitucionalidad.
En este sentido La falta de seguridad efectiva ha sido una preocupación constante con estos hechos que da un resurgimiento de temores, ansiedad y zozobra en el territorio indígena.
Así mismo y partiendo del Estado de cosas inconstitucional nuestra comunidad continúa siendo vulnerable desde tiempos aciagos de la conquista y la colonia y continúa sin tregua entre la diáspora urbana, el largo conflicto armado interno, entre los desplazamientos forzados, la pérdida de territorios y la falta de garantías para nuestros derechos a la autonomía, autodeterminación y el autogobierno.
Más allá de la precaria acción gubernamental, no desconocemos los avances importantes, pero somos conscientes de crímenes que se mantienen aún en total impunidad como los acontecidos dentro de nuestro territorio con la quema sistemática de nuestros trapiches comunitarios en la actualidad y las masacres como la de la rueda donde quitaron la vida a varios de nuestros líderes indígenas. Es indiscutible que la impunidad frente a los crímenes que dejan miles de víctimas entre los pueblos indígenas sigue siendo una constante, y es una de las causas de nuestro riesgo de extinción y lo peor la justicia no reacciona ante la magnitud de estos crímenes.
Los recientes acontecimientos son de especial relevancia y gravedad, ya que representan una ruptura en el tejido social y comunitario que hemos venido trabajando y fortaleciendo en nuestro territorio. Las violaciones a los derechos humanos persisten y los riesgos se incrementan con ocasión de los procesos de defensa de derechos sociales, políticos y territoriales que impulsamos desde el Resguardo.
Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes, tanto a nivel local como nacional, a tomar medidas inmediatas para investigar a fondo estos casos y garantizar la protección y seguridad de nuestra comunidad.
Solicitamos de forma respetuosa a:
1. Defensoría del Pueblo.
• Solicitar a todas las entidades competentes frente al proceso de acompañamiento para esclarecer lo sucedido y salvaguardar la vida e integridad física de nuestros comuneros.
2. Fiscalía General de la Nación.
• Presentar un informe al Cabildo Cañamomo sobre los avances de las investigaciones, así como las denuncias que se han realizado como resguardo, respecto a la situación histórica de vulneración de derechos humanos.
• Que se garantice el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas mediante la realización de investigaciones expeditas y exhaustivas para esclarecer completamente los casos. Asimismo, requerimos que se investiguen con celeridad aquellos hechos que puedan representar riesgos para la comunidad del resguardo Cañamomo.
Todas las organizaciones sociales y de derechos humanos están invitadas a rodear, acompañar y difundir la situación descrita. Así mismo, se insta a unir esfuerzos para lograr el reconocimiento de esta región como de interés en materia de programas de paz.
AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Documento Original en… https://resguardolomaprieta.org/…/COMUNICADO-21-ABRIL…