Documento informativo de FPP y la Reserva Indígena Cañamomo Lomaprieta
La impunidad ha sido durante años un mecanismo que permite repetidos ciclos de violencia en Colombia. La adopción de medidas para poner fin a la impunidad puede ser un enfoque eficaz para abordar las causas fundamentales de los ataques contra las comunidades y sus defensores de los derechos humanos. La impunidad también ha beneficiado a empresas que han recurrido a ataques violentos contra comunidades y sus defensores. Esos ataques impunes incluyen discursos de odio, amenazas, desplazamiento forzado y otras formas de abuso que garantizan la impunidad social y judicial de los ataques letales.
Lea el informe (disponible solo en español)
Estos graves hechos están siendo investigados esta semana por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su 48 ° período de sesiones, que tendrá lugar en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo de 2021. El Tribunal juzgará al Estado colombiano con base en los reclamos y testimonios de víctimas sociales y étnicas. , y las pruebas presentadas por los derechos humanos y las organizaciones políticas con respecto a (i) continua y prolongada prácticas genocidas, y en general el genocidio político, que sufren los residentes, ciudadanos y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la paz que han tenido lugar después de la firma del Acuerdo de Paz 2016, y (iii) la impunidad y ausencia de justicia ante todos estos hechos «. Haga clic aquí para más detalles.
Este informe de FPP-RCMLP identifica algunos de los mecanismos que posibilitan la impunidad, con énfasis en elementos que han terminado beneficiando a empresas e intereses comerciales que recurren a la violencia para adquirir tierras e imponer un modelo de desarrollo. El trabajo se centra en varios casos en los que este modelo busca imponer el desarrollo en territorios indígenas y afrodescendientes. El documento y su análisis de los diferentes casos tienen como objetivo contribuir a los esfuerzos y deliberaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión 48 «Genocidio político en Colombia 2021».