Las Autoridades del Cabildo Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, en el Departamento de Caldas, nos dirigimos a las autoridades civiles, entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como a la comunidad y población en general:
Nos pronunciamos con profunda tristeza frente al doloroso y lamentable caso del aparente suicidio de uno de nuestros comuneros del resguardo, Darío Hernández Díaz, quien además era firmante del acuerdo de paz y participaba activamente en procesos cooperativos entre víctimas y reincorporados, y quien previamente había denunciado una serie de persecuciones y atentados dirigidos tanto contra su vida como la de su familia.
HECHOS
En días inmediatamente anteriores en la fecha 31 de enero de 2024, Darío y su familia fueron víctimas de un atentado perpetrado por sujetos armados, quienes dispararon contra su vida, causando graves afectaciones psicosociales al núcleo familiar y daños en la vivienda.
Darío manifestó y denunció a diversas entidades y organizaciones su alto nivel de estrés y preocupación debido a la constante presión que recibía de personas que le proponían integrarse a estructuras armadas. Estos hechos los planteó en una entrevista ante la fiscalía, sin embargo, la entidad desestimó la situación, alegando que ese no era el tema motivo de investigación. Esta situación agravó aún más su vulnerabilidad y la de su familia.
Estos eventos se suman a varias denuncias previamente presentadas ante la Fiscalía en relación con los hechos antes mencionados. Además, se han reportado amenazas dirigidas hacia líderes y autoridades en el territorio, las cuales, hasta el momento, han quedado en absoluta impunidad. Lamentablemente, no hemos observado avances significativos por parte de la fiscalía para abordar estas situaciones y brindar protección adecuada a las víctimas.
El aparente suicidio se configura como una posible respuesta del comunero frente a un estado de injusticia, especialmente al no encontrar soluciones ni respuestas por parte de las entidades e instituciones encargadas de velar por su bienestar, el de su familia y su comunidad. Como se deja entrever en una nota que deja, en la cual manifiesta: “Hago esto porque las autoridades no me dejaron otra opción…”.
Este trágico suceso se suma a los múltiples riesgos que como territorio, comunidades y líderes hemos enfrentado en nuestra lucha histórica por la exigencia y defensa de nuestros derechos. En el pasado, la estigmatización y los discursos de odio han justificado graves violaciones a los derechos humanos colectivos del pueblo Embera Chamí, al punto de generar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el otorgamiento de medidas cautelares, así como de la Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009. Este último alertó sobre el riesgo de desaparición física y cultural del pueblo Embera Chamí de Caldas como consecuencia del conflicto armado y los procesos socioeconómicos en nuestros territorios.
El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta ha abrazado con convicción el proceso de reincorporación como una solución política al conflicto armado. Este enfoque busca facilitar una dinámica psicosocial que respalde a los comuneros para que se integren plenamente en el territorio. La parcialidad indígena no se trata simplemente de una sociedad abstracta, sino de una comunidad con procesos colectivos sólidos, autoridades indígenas y normas de derecho propio. Estas comunidades también están involucradas en acciones políticas, económicas y dinámicas propias, pero enfrentan vulnerabilidades debido a la falta de compromiso y apoyo institucional.
La vida en comunidad tiene un peso significativo, y la falta de garantías para una verdadera sanación colectiva es preocupante. Según el mandato constitucional, el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales, coordinar con las comunidades indígenas y reconocer la jurisdicción especial indígena. Esto incluye velar por la supervivencia física y cultural, así como la protección y salvaguarda de los derechos adquiridos plasmados en el bloque de constitucionalidad.
La falta de seguridad efectiva no solo afecta a los excombatientes, sino también a nuestra comunidad indígena, siendo una preocupación constante que ha resultado en la pérdida de vidas de aquellos que optaron por dejar las armas y ha generado temores, ansiedad y zozobra en nuestra parcialidad indígena. Aunque se han implementado programas para facilitar su reintegración a la vida civil, la efectividad de estos programas en nuestro territorio puede evaluarse a la luz de los sucesos que se han presentado.
El Estado parece haber dejado a su suerte no solo a nuestra comunidad indígena, que debería recibir especial protección, sino también a muchos excombatientes que enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales, educativas y de vivienda, así como para construir proyectos de vida y de reincorporación que sean respaldados estructuralmente por las entidades competentes.
En el mismo sentido, y partiendo del estado de cosas inconstitucional, nuestra parcialidad continúa siendo vulnerable desde tiempos aciagos de la conquista y la colonia, y persiste sin tregua entre la diáspora urbana, el prolongado conflicto armado interno, los desplazamientos forzados, la pérdida de territorios y la falta de garantías para nuestros derechos a la autonomía, autodeterminación y autogobierno. En la espiral de violencia sobre nuestros territorios, podemos hablar de un exterminio deliberado como estrategia de apropiación de nuestros recursos naturales, de crímenes y abusos de todo tipo ejercidos de manera constante a lo largo de siglos.
Más allá de los avances importantes, no podemos ignorar la precariedad de la acción gubernamental. Somos conscientes de crímenes que persisten en total impunidad, como las quemas sistemáticas de nuestros trapiches comunitarios en la actualidad, así como las masacres de la Rueda y la Herradura, donde varios de nuestros líderes indígenas perdieron la vida.
Es innegable que la impunidad frente a estos crímenes, que han dejado miles de víctimas entre los pueblos indígenas, sigue siendo una constante y representa una de las causas de nuestro riesgo de extinción. Lo más preocupante es que la justicia no reacciona ante la magnitud de estos crímenes.
La implementación de medidas para abordar las causas estructurales del conflicto, como la distribución de tierras y el desarrollo rural, no ha avanzado en este territorio, generando frustración entre las comunidades afectadas y contribuyendo a la persistencia de tensiones en las comunidades. Hay ausencia en el acompañamiento psicosocial como estrategia integral, que permita potenciar redes de apoyo y entornos seguros para el trámite de situaciones y conflictividades que persisten.
Como autoridades, creemos y trabajamos en la construcción de paz en nuestros territorios y reafirmamos nuestro respaldo al Acuerdo de Paz, firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, como un hito histórico destinado a poner fin a décadas de conflicto armado en el país. Sin embargo, desde su firma, existen preocupaciones y críticas sobre la implementación total del acuerdo, especialmente en lo que respecta a las garantías para los firmantes del mismo.
Los recientes acontecimientos son de especial relevancia y gravedad, ya que representan una ruptura en el tejido social y comunitario que hemos venido trabajando y fortaleciendo en nuestro territorio. Las violaciones a los derechos humanos persisten y los riesgos se incrementan con ocasión de los procesos de defensa de derechos sociales, políticos y territoriales que impulsamos desde el Resguardo.
Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes, tanto a nivel local como nacional, a tomar medidas inmediatas para investigar a fondo este caso y garantizar la protección y seguridad de nuestra comunidad. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia de que se cumplan los compromisos adquiridos en el proceso de paz y se promueva la reconciliación y construcción de una paz duradera en nuestro país, con énfasis diferencial en los territorios indígenas que han sido fuertemente afectados por las dinámicas del conflicto armado.
Solicitamos de forma respetuosa a:
1. Presidencia de la Republica
• Implementación de medidas para garantizar la protección de la vida e integridad de la familia y comunidad del Firmante de paz Darío Hernández
• Facilitación de los mecanismos de rendición de cuentas para la implementación del acuerdo de paz, con el fin de que den respuesta oportuna a las demandas en materia de justicia, con un enfoque territorial y étnico que hace el resguardo de Cañamomo.
• Apoyo a programas de acompañamiento integral para las víctimas de estos hechos, incluyendo reparación, rehabilitación y medidas de no repetición.
2. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
• Solicitamos verificación y evaluación de la implementación del acuerdo de paz en los municipios de Riosucio y Supía en el Departamento de Caldas y la presentación de los resultados de este proceso al Cabildo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.
3. Unidad de Implementación del acuerdo final de Paz.
• Priorizar el municipio de Riosucio y Supía en los programas, planes, acciones y apoyos en la implementación del acuerdo final de paz y acompañamiento en el esclarecimiento del contexto que llevo a la muerte del firmante de paz Darío Hernández Díaz.
4. Agencia para la reincorporación y la Normalización.
• Presentar al Cabildo Cañamomo un informe que detalle el acompañamiento en el proceso de reincorporación del firmante de paz Darío Hernández Díaz, incluyendo un análisis de la nota encontrada por la fiscalía durante el levantamiento del cuerpo, en la que se mencionaba: «hago esto porque las autoridades no me dejaron otra opción…»
• Fortalecer las políticas de acompañamiento estructural e integral a los firmantes del acuerdo de paz, que reconozcan los entornos familiares y comunitarios, así como sus proyectos estructurales de reincorporación a la vida civil.
5. Defensoría del Pueblo.
• Solicitar a todas las entidades competentes frente al proceso de acompañamiento en la reincorporación del firmante de paz Darío Hernández Díaz el esclarecimiento integral de su muerte.
• Activar todas las rutas de atención, acompañamiento integral y reparación pertinentes para la familia del firmante de paz Darío Hernández Díaz.
6. Fiscalía General de la Nación.
• Presentar un informe al Cabildo Cañamomo sobre los avances de la investigación del presunto atentado contra el firmante de paz Darío Hernández Díaz, incluyendo los posibles eventos que pudieron haberlo llevado a tomar una decisión fatal, así como las denuncias que se han realizado como resguardo, respecto a la situación histórica de vulneración de derechos humanos.
• Que se garantice el derecho a la justicia de los familiares del firmante de paz, Darío Hernández Díaz, mediante la realización de investigaciones expeditas y exhaustivas para esclarecer completamente su caso. Asimismo, requerimos que se investiguen con celeridad aquellos hechos que puedan representar riesgos para la comunidad y los líderes del resguardo Cañamomo.
7. Procuraduría General de la Nación –Delegada Seguimiento al Acuerdo de Paz
• Iniciar una investigación contra todas las entidades por los presuntos actos de desatención a las obligaciones en favor del firmante de paz Darío Hernández Díaz, así como todos los eventos que contribuyeron a su muerte.
• Solicitar de manera inmediata a las entidades competentes que se activen todos los instrumentos de atención pertinentes para la familia del firmante de paz Darío Hernández Díaz.
8. Consejo Nacional para la reincorporación.
• Seguridad y protección: trabajo en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y protección de los excombatientes y sus comunidades durante el proceso de reintegración.
• Monitoreo y evaluación: realizar seguimiento continuo del proceso de reincorporación para identificar desafíos y áreas de mejora, así como para evaluar el impacto de los programas implementados.
Todas las organizaciones sociales y de derechos humanos están invitadas a rodear, acompañar y difundir la situación descrita.
Asimismo, se insta a unir esfuerzos para lograr el reconocimiento de esta región como de interés en materia de programas de paz.
Somos comunidades pacíficas que creemos en el buen vivir y la paz territorial, pero necesitamos garantías para seguir haciéndolo.
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