A las múltiples situaciones de seguridad que se han registrado en los últimos días en San Lorenzo, que son de conocimiento público y de las instituciones del estado, en las que se evidencia la zozobra comunitaria y se teme por la vida e integridad de líderes y autoridades indígenas; se le suma la forma en que personas externas motivan a propios comuneros del resguardo a desvirtuar la buena labor que el cabildo desempeña en favor de las comunidades y les exhorta a potenciar formas ilegitimas de organización como son las juntas de acción comunal en territorios de indígenas.
Sin duda genera dicha situación conflictos entre comuneros, altera el orden y la sana convivencia, por tal razón, con el propósito de realizar control territorial y salvaguardar la integridad del resguardo, la guardia indígena estableció varias medidas de seguridad en varios lugares del resguardo, habiendo uso de la autonomía, regulando el ingreso de personas desconocidas y consultado de manera respetuosa las intenciones de su presencia en el resguardo.
Es oportuno referirse a la sentencia T601 del 2011 donde señala “Con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la autonomía de los pueblos indígenas, la Corte estima que en principio existe imposibilidad general por parte de las autoridades competentes para autorizar la constitución de juntas de acción comunal dentro de los territorios de los resguardos, resultando únicamente admisible esta posibilidad, siempre y cuando sea garantizado el proceso de consulta previa en las condiciones precisadas por este Tribunal en la sentencia T-129 de 2011, pues de lo contrario se vería seriamente afectada la existencia de las comunidades indígenas y, por consecuencia, el principio constitucional de diversidad étnica y cultural.”
Es claro entonces que la forma de organización y proselitismo político que las Juntas de Acción Comunal -JAC- viene adelantando en este territorio es ilegal e inoportuno, porque está alterando la convivencia, falta a la ley, en sus discursos mienten, calumnian a la organización y pone en riesgo la vida de los líderes indígenas.
Ante tal situación el cabildo convocó a múltiples instituciones como personería, alcaldía, ejército nacional, policía nacional regional Caldas, distrito y su componente de DDHH, destacar la solidaridad del resguardo Cañamomo Lomaprieta que se sumó a estas acciones con sus autoridades y guardia indígena, parcialidad de La Trina, CRIDEC y en una mesa interinstitucional a través de un ameno dialogo se solucionaron varias situaciones de procedimientos y competencias entre las partes.
Finalmente se evidencia la buena intención del cabildo en propiciar espacios de concertación con quienes generan tales perturbaciones en el territorio, se mantiene medidas para mantener la seguridad de forma pacífica por los miembros de la guardia indígena, y se concreta mantener de manera permanente la mesa y el dialogo entre instituciones que posibiliten dirimir todas estas situaciones o problemáticas dentro de los territorios.