Como pueblos indígenas, afro y campesinos, queremos expresarle el respaldo al país, a las ciudades y a los sectores populares que experimentan hoy el aislamiento social en medio de profundas desigualdades y el abandono gubernamental. Muchos pueblos y comunidades populares enfrentamos la pandemia sin agua, sin alimento y sin contar con las mínimas garantías para la subsistencia. El agua la secaron las grandes empresas y el pan coger ha sido reemplazado por monocultivos para alimentar automóviles y animales; pinos y palma en vez de alimentos.

Aun así, esta experiencia podría ser más desoladora para la gran mayoría de habitantes del país urbano y perímetro urbano. No lo ha sido gracias la centenaria resistencia de los invisibilizados del mundo rural que con la vida defendemos tierras y territorios para que no se conviertan en una gran reserva privada para la minería, los hidrocarburos, las grandes represas, la caña de azúcar y otros monocultivos. Es de ese mundo rural que aún existe, de los ríos, valles, selvas, serranías, sierras y montañas de donde han salido siempre el agua y los alimentos de las y los colombianos.

Por esta defensa del territorio, en 3 décadas, más de 1´200.000 negros e indígenas hemos sufrido los vejámenes del conflicto armado y de algo que la Corte Constitucional llamó factores vinculados y subyacentes. Entiéndase por ello la guerra que sirvió para que proyectos económicos legales e ilegales se impusieran en medio de las masacres, el desplazamiento, el abuso sexual y el hambre de nuestros pueblos.

Es un espectáculo paradójico que quienes protegemos y defendemos la vida permanezcamos en riesgo de desaparición física y cultural por la pandemia de la injusticia y la desigualdad. Traigamos a la memoria colectiva hechos atroces como la muerte por desnutrición de más de 4770 menores indígenas en La Guajira, entre el 2010 y el 2018; mientras los dueños del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo que se apropia de más de 68 mil hectáreas de territorio indígena wayuu, se lamentaban porque en el año 2017 “solamente” ganaron 6 billones de pesos.

A los pueblos que no han logrado diezmar con la violencia arrasadora y el hambre y que quizá sobrevivamos al COVID-19, nos han querido exterminar estadísticamente. En el caso del Resguardo Indígena Escopetera y Pirza de Riosucio, Caldas, el DANE redujo arbitrariamente la población en un 76.42%, pasando de 9.164 a 2.157 indígenas censados. Una estrategia desplegada en todo el país que afectó por lo menos a 521 resguardos y a las comunidades negras que también han sido víctimas del genocidio estadístico por parte del Estado a través del censo del año 2018.

Tenemos la esperanza de superar las barreras culturales, económicas y políticas, para hablar y pensar en un futuro colectivo, donde las reglas del capital no se impongan sobre la vida y la naturaleza. Sin embargo, mientras el país mira con angustia que el futuro puede desmoronarse con la pandemia, en nuestro presente, los pueblos afro, indígenas y campesinos debemos huir de los paramilitares, las disidencias de las FARC, el ELN y el ejército nacional, quienes al unísono han convertido el Coronavirus en arma de guerra.

Durante la cuarentena, mientras los 4 resguardos de Riosucio Caldas organizábamos la logística para el despliegue de más de 300 guardias indígenas encargadxs de implementar las medidas de protección territorial en el marco del coronavirus, actores ilegales atacaron la economía de los habitantes del resguardo Cañamomo Lomaprieta que con tanto esfuerzo hemos construido, quemando los trapiches paneleros comunitarios dejando sin alimento a más de 100 familias del territorio y casi simultáneamente, presuntas disidencias de las FARC y miembros del ELN, desplegaron estrategias intimidatorias y lanzaron amenazas contra la población para infundir terror y demostrar su presencia territorial.

En medio de la cuarentena indígenas, afro y campesinos, siguen cayendo asesinados; en Bojayá el pueblo Embera sigue entre las balas, en el Putumayo paramilitares y disidencias asesinan a quien desobedece el toque de queda; en Nariño y Cauca los actores armados intimidan y expanden su poder armado y así en las demás regiones el abuso de poder se instala.
En este contexto el estado colombiano sigue mirando impávido el homicidio de líderes sociales, el desplazamiento forzado y el despojo sin prevenir ni aplicar justicia.

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta se ha llamado con urgencia frente a los riesgos y amenazas que hoy enfrenta el Corazón del mundo como ecosistema ambiental y cultural complejo, frente al despliegue de la minería, los hidrocarburos y en general del modelo de desarrollo económico extractivo. Sin embargo, la respuesta de los gremios empresariales de la región es demandar la nulidad del Decreto 1500/18 de Línea Negra que busca la protección del territorio ancestral y los espacios sagrados, así como garantizar la integralidad del bienestar de la Sierra y otros ecosistemas del mundo conectados a ella. Hoy en medio del COVID-19, la sequía y los diferentes incendios forestales que afectan la región, nos han llevado a recurrir a la solidaridad y ayudas humanitarias para poder llevar la cuarentena dado la ausencia y falta de respuesta de la institucionalidad ante esta emergencia.

Como si no fueran suficientes tantas amenazas a la vez, el proceder infame de actores económicos también pretende convertir la pandemia en una oportunidad para el despojo y han pedido al gobierno que siga flexibilizando las licencias ambientales y limitando el derecho fundamental a la consulta previa. La generosa respuesta del Ministerio del Interior ya estaba preparada desde el 27 de marzo de 2020 a través de la circular externa 2020-29-DMI-1000 abiertamente inconstitucional, ominosa y vergonzante, que pretende imponer a los sujetos étnicos la consulta previa virtual, en contravía del Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Jurisprudencia del SIDH y la Corte Constitucional.

Es risible e indignante que hoy aspiren imponer una consulta virtual, cuando desde los pueblos del Cauca reiteradamente hemos solicitado al gobierno nacional garantizar acceso a internet y obtenemos como respuesta que “no existe cobertura en la zona por condiciones geográficas y topográficas”. Si el “Estado de Derecho” mantiene la vigencia de este adefesio administrativo, haremos valer nuestros protocolos propios de consulta previa. El resguardo de origen Colonial Cañamomo Lomaprieta seguirá rigiéndose en materia de consulta previa por su resolución 048 de 2012 de gobierno propio, expresión de nuestra autonomía y autodeterminación y respaldada por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de derechos de los Pueblos Indígenas, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el SIDH. Así lo haremos los pueblos que legislamos para la vida.

Los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta llevamos muchos años trabajando en nuestro protocolo de Consulta Previa y el gobierno lo conoce, lo ha acompañado. De allí que es inaudito e ilógico pensar en consultas virtuales u otros inventos diferentes a los adoptados por nuestros pueblos.

No han terminado de caer quienes morirán por el virus y el hambre, cuando los buitres descienden para despojar a los pueblos de su última morada, la tierra y el territorio. Si la urgencia es que todo continúe su curso como si no tuviésemos la pandemia y la guerra acechándonos, lo primero que debe reactivarse es la asignación de los recursos necesarios para la constitución, ampliación y saneamiento de nuestros territorios, para la titulación colectiva a comunidades negras y la dotación de tierras a comunidades campesinas.

Deben suspenderse los procesos de licenciamiento ambiental en los territorios donde el COVID–19, que así como el conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes han puesto en situación de vulnerabilidad a los grupos étnicos y las comunidades campesinas.

Solicitamos

– Al Ministerio del Interior, copia de las actas de consulta y consentimiento suscrita con la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos indígenas y el Espacio Nacional de Consulta Previa de las comunidades negras, frente a la propuesta del Gobierno de adelantar las CP virtualmente.

– Al Ministerio del Interior, copia de la norma que lo faculta para regular el derecho fundamental a la consulta previa a través de la circular externa CIR 2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo de 2020.

– Al Ministerio del interior que, dadas las características de la pandemia y su prolongación hasta que se obtenga una vacuna, se exija a todo tipo de proyecto el consentimiento previo libre e informado, toda vez que la vulnerabilidad de las comunidades étnicas en riesgo de desaparición física y cultural se ha profundizado con ocasión del Coronavirus.

– A la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, suspender las licencias ambientales en aquellos territorios donde el desabastecimiento alimentario, la contaminación atmosférica y la falta de acceso al agua potable, ponga en riesgo la vida e integridad de comunidades indígenas, negras y campesinas.

– A la Presidencia de la República, en cumplimiento de estándares internacionales que le obligan a la protección especial de poblaciones indígenas, afro y campesinas y la Constitución de Colombia que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de su población, informar acerca de las medidas especiales adoptadas para su protección indicando en detalle los recursos asignados para atender la salud, seguridad alimentaria y otros derechos inherentes a sus culturas. Indicar la población beneficiaria y origen de los recursos, así como las medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades que no tienen acceso a dicho recurso informando acerca de los recursos invertidos, los operadores logísticos contratados y los mecanismos empleados para garantizar su adecuada utilización.

Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomaprieta.
Resguardo Indígena Escopetera Pirza.
Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña
Resguardo Indígena de San Lorenzo.
PCN-Palenke Alto Cauca.
Resguardo Indígena de Guachavés – Nariño (comunidad Pasto).
Resguardo Indígena Paez de Corinto.
Comunidad wayuu La Gran Parada
Fuerza de Mujeres – Wayuu Sütsuin Jieyuu Wayúu.
Veeduria Ciudadana minero-ambiental Akuaippay.
Resguardo Kogui Malayo Arhuaco- Sector Wiea
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkunarrua
Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Organización Indígena Kankuama – OIK
Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC.

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